Una de las medidas activadas por el Gobierno para mantener a flote la liquidez de las empresas a corto plazo durante la crisis económica provocada por la pandemia fue el balón de oxígeno que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgó a través del ICO.
Una normativa en la que, a través del banco público, el Ejecutivo avala hasta el 70% del principal de las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Hasta el momento, las empresas han emitido pagarés avalados por el ICO en el MARF por importe de 715,3 millones de euros. No obstante, a pesar de estar avaladas en un 70% por el Estado, algunas de estas colocaciones están pagando hasta el 3,75% de interés a los inversores en los pagarés a más largo plazo, lo que supone una alternativa de inversión atractiva pero no exenta de un cierto riesgo.
Ricardo Benedé, responsable del área de originación de Renta Fija de Beka Finance, explica que «los inversores no entran en este tipo de emisiones solo por el aval. Si tienen dudas sobre la evolución de la compañía, aunque tenga aval se va a mirar más el riesgo crediticio. Y una empresa que esté en riesgo de default por mucho que tenga el aval del ICO no va a recibir el interés de los inversores».
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